La tarea regulatoria pendiente con el cliente es considerable, desafiante y urgente.
En años recientes, el debate energético se ha centrado predominantemente en la oferta, es decir, en la capacidad de producción energética, las fuentes utilizadas, y la infraestructura requerida el transporte de la misma, todo lo anterior con miras a lograr la tan anhelada transición energética. Sin embargo, y tal vez como efecto de lo anterior, en los últimos años se ha producido una subestimación de un factor que desempeña un papel estructural tanto en el diseño físico del sistema como en la evolución de su marco regulatorio: la demanda eléctrica o el cliente final.
En el ámbito del sistema eléctrico, se identifican tres mercados claramente definidos: el de distribución, el de transmisión y el de generación. De acuerdo con sus características, los dos primeros son considerados monopolios naturales y, en consecuencia, mercados altamente regulados. Por otro lado, si bien el servicio de generación de energía no se considera inherentemente monopólico, sí está sujeto a una regulación parcial, especialmente en lo que respecta a sus tarifas.
De este modo, en los tres segmentos, con distintas intensidades, es la regulación la que estructura su desarrollo y funcionamiento, con el fin principal fomentar la libre competencia allí donde es permitida, prevenir conductas abusivas, proteger la libertad económica de los consumidores y facilitar la eficiencia social. Si bien, como se ha mencionado anteriormente, en teoría las inversiones en generación, transmisión y distribución, así como su operación, deberían planificarse en función de la demanda proyectada y sus necesidades, en la práctica esto no está ocurriendo. Particularmente en los últimos años, la tendencia ha sido contraria.
La actual estructura tarifaria en Chile, basada en bloques horarios y tarifas planas, no refleja adecuadamente los costos marginales horarios ni envía señales de eficiencia al generador ni al consumidor. Asimismo, la localización de la generación no responde a las necesidades del cliente si no que netamente a las necesidades del proyecto, las cuales generalmente son opuestas. Lo anterior evidentemente genera mayores costos para el sistema, necesidad de más infraestructura de transporte, y mayores pérdidas de generación, todos los cuales, a fin de cuentas, son pagados por el cliente. La deficiencia regulatoria para con el cliente se hace particularmente evidente en el sector de la distribución, donde una reforma que se ha prolongado indefinidamente ha evidenciado sus repercusiones en los últimos inviernos.
Por otro lado, la regulación aún presenta rigideces para la incorporación de esquemas de respuesta de la demanda, agregadores o mercados de flexibilidad. La viabilidad de que consumidores industriales, comerciales e incluso residenciales participen en la operación del sistema requiere la implementación de marcos normativos más flexibles y tecnológicos, que faciliten su integración segura y eficiente. Es imperativo revisar y modernizar las estructuras tarifa rias de generación, transmisión y distribución procurando que esta incentive al prestador del servicio a ser eficiente e innovador, y al mercado a ser competitivo. Todo lo anterior beneficiará directamente al cliente final. Asimismo, es necesario y urgente restructurar la institucionalidad eléctrica procurando que esta tenga la capacidad de cumplir a tiempo con los desafíos del sistema, y las necesidades del cliente.
En conclusión, la tarea regulatoria pendiente con el cliente es considerable, desafiante y urgente. En un sistema eléctrico como el de Chile, que está experimentando una rápida transformación tecnológica y climática, la regulación no puede seguir abordándose como un mero instrumento de control o corrección de fallas de mercado. Ha de tratarse de una herramienta estratégica que permita anticipar comportamientos, fomentar la innovación y, sobre todo, situar a la demanda en el centro del diseño regulatorio e institucional.
Recuadro
En teoría, las inversiones en generación, transmisión y distribución, así como su operación, deberían planificarse en función de la demanda proyectada y sus necesidades, en la práctica esto no está ocurriendo’.
La regulación aún presenta rigideces para la incorporación de esquemas de respuesta de la demanda, agregadores o mercados de flexibilidad’.
Es necesario y urgente restructurar la institucionalidad eléctrica procurando que esta tenga la capacidad de cumplir a tiempo con los desafíos del sistema, y las necesidades del cliente’.
Por Teresita Vial, abogada, directora Área de Energía en Lembeye
Revista Electricidad